Rúbrica
Un gobierno de vergüenza
Por Aurelio Contreras Moreno
¿Puede un régimen que viola consuetudinariamente la ley tener legitimidad para
exigir su cumplimiento?
Ésta es una pregunta que bien puede plantearse en el caso de Veracruz, donde el
Estado de Derecho ha sido hecho añicos por un gobierno intolerante, autoritario y
particularmente ignorante, como el que encabeza Cuitláhuac García Jiménez.
Es verdaderamente vergonzoso el desparpajo y cinismo con que el régimen de la
mal llamada “cuarta transformación” en Veracruz miente y viola la ley y, en
consecuencia, los derechos de los ciudadanos a los que es su obligación, entre
otras cosas, garantizarles certeza jurídica y personal.
La aplicación del tipo penal de ultrajes a la autoridad, que tiene en la cárcel a más
de mil personas en la entidad, ha representado una afrenta del gobierno estatal
contra sus propios gobernados como solamente había sucedido en el pasado
reciente durante el infame sexenio de Javier Duarte, cuando éste también utilizó el
Código Penal como arma al tipificar el delito de perturbación del orden público, con
lo cual intentó en su momento acallar las críticas a su administración en redes
sociales.
En aquel entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo que entrar a
“enmendarle la plana” a Duarte y declaró inconstitucional aquella reforma al
artículo 373 del Código Penal del Estado, la cual el Congreso de Veracruz derogó
en la víspera del resolutivo como una manera de intentar aminorar el ridículo de
quedar exhibidos por el máximo tribunal del país.
Ya hemos señalado antes cuántas similitudes existen entre el régimen duartista y
el de Cuitláhuac García –incluidos varios impresentables que han medrado del
erario en ambos gobiernos-, y el autoritarismo legaloide es una de éstas. Al grado
que está por suceder lo mismo con el delito de ultrajes a la autoridad.
Este lunes, la Corte sesionará para someter al Pleno el análisis y deliberación de
las acciones de inconstitucionalidad 59/2021 y su acumulada 66/2021, promovidas
por diputados de oposición de la LXVI Legislatura del Estado de Veracruz, en
contra de las reformas al Código Penal estatal en materia de ultrajes a la
autoridad.
Por las reacciones del morenato veracruzano durante todo el fin de semana, es
previsible que el proyecto que presentará este lunes el ministro Jorge Mario Pardo
Rebolledo sea en el sentido de decretar la inconstitucionalidad del tipo penal de
ultrajes a la autoridad por resultar violatorio de los derechos humanos, como lo
han señalado desde el principio gran cantidad de especialistas en derecho penal.
Pero además, como ha quedado más que claro que así ha sucedido en Veracruz
durante su aplicación en el último año.
La desesperación es palpable. Todo el régimen se lanzó a intentar presionar a la
Corte este domingo: desde el mismo gobernador hasta sus palafreneros en los
poderes Legislativo y Judicial –el presidente de la Junta de Coordinación Política
del Congreso Juan Javier Gómez Cazarín, y la presidenta del Tribunal Superior de
Justicia Isabel Romero de la Cruz-, con argumentos baladís y sin sustento jurídico,
más bien intentando asustar con el “petate del muerto” de que con la anulación del
delito se dejaría en libertad a peligrosos criminales… que debieran estar siendo
procesados por los ilícitos que los hacen ser considerados de esa manera.
Como ha hecho durante toda su gestión, García Jiménez decidió llevar la situación
al límite. Ignoró y desacató la recomendación de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos para que el delito fuese derogado, y sus serviles diputados de
la mayoría morenista en la LXVI Legislatura eliminaron únicamente dos fracciones
del artículo que lo sustenta, manteniendo el tipo penal y sus desproporcionadas
penas. Lo dejaron igual, pues, en un acto de vulgar simulación.
Quizás Cuitláhuac García crea que con que el presidente Andrés Manuel López
Obrador y algunos senadores sin quehacer de Morena vengan a levantarle la
mano cada tanto, es suficiente para hacer lo que le venga en gana y abusar del
poder impunemente.
La verdad es que su gobierno se desmorona en una espiral de pérdida de
legitimidad, que lo coloca como un transgresor sistemático de la ley que juró
cumplir y hacer cumplir, y que en cambio ha usado en contra de los ciudadanos
veracruzanos, cuyas voces y reclamos prefiere desacreditar antes que intentar
escuchar.
Como a tantos otros, el destino lo va a alcanzar. Y probablemente también la ley.
Le vale todo
Y para que no quede duda de todo lo anteriormente expuesto, García Jiménez
anunció el viernes que no aceptará la recomendación de la CNDH por la violación
de los derechos y las agresiones sexuales que la policía ministerial de Veracruz
infringió a July Raquel Flores Garfias para que aceptase inculparse en el asesinato
de la ex rectora de una universidad xalapeña.
Lo dicho: las instituciones y ley le valen madres al que cobra como gobernador en
Veracruz.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras
